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Considero que una de las fortalezas de los Estados Unidos de América es la apabullante mayoría de ciudadanos que apoya el concepto y el proceso de ser una nación que adhiere al imperio de la ley y a las normas. [1] Lo analicé de manera inconsciente, pero, en realidad, comencé a reflexionar abiertamente acerca de esto cuando me asignaron al Pentágono, unos meses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En los pasillos del Pentágono, a veces me cruzaba con una placa que tenía una frase dicha por el presidente George W. Bush la tarde de ese 11 de septiembre. La placa decía: “Los ataques terroristas harán temblar los cimientos de nuestros edificios más grandes, pero no tocarán los cimientos de los Estados Unidos de América”.

Según el imperio de la ley, una facultad es la voluntad soberana del pueblo que se expresa con leyes no arbitrarias que, en teoría –y aunque no siempre de manera perfecta en la práctica–, aplican a todos por igual. Esta facultad soberana también limita el ejercicio del poder gubernamental con el fin de que no se exceda la autoridad que el pueblo ha otorgado.
Hay dos conceptos que son profundamente revolucionarios: la primera es que el pueblo es soberano, es decir, su poder no deriva de ningún monarca con derechos divinos ni de una combinación del poder de reyes, lores o comunes. El pueblo establece los términos acerca de cómo se gobernarán mediante una constitución escritas.