Cómo la ley le dio forma y continúa dándole forma a Estados Unidos de América
Por Will A. Gunn
Considero que una de las fortalezas de los Estados Unidos de América es la apabullante mayoría de ciudadanos que apoya el concepto y el proceso de ser una nación que adhiere al imperio de la ley y a las normas. [1] Lo analicé de manera inconsciente, pero, en realidad, comencé a reflexionar abiertamente acerca de esto cuando me asignaron al Pentágono, unos meses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En los pasillos del Pentágono, a veces me cruzaba con una placa que tenía una frase dicha por el presidente George W. Bush la tarde de ese 11 de septiembre. La placa decía: “Los ataques terroristas harán temblar los cimientos de nuestros edificios más grandes, pero no tocarán los cimientos de los Estados Unidos de América”. Aunque algunos pueden estar en desacuerdo, esto me llevó a pensar que el concepto del imperio de la ley, en tanto uno de los ideales y una las aspiraciones más grandes de la nación, es en sí mismo el cimiento de los Estados Unidos de América. A medida que se acerca el Día de la Ley de 2021, resultan inminentes las preguntas acerca del estado actual de los Estados Unidos de América de relación con el imperio de la ley. Mientras escribo esto, sé que los Estados Unidos están enfrentando restricciones legales a causa de la pandemia a nivel mundial, protestas que exigen justica por discriminación racial y demandas para que se lleve a cabo una reforma policial y en material de justicia penal desatadas por los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y demás afroamericanos; y todos los cuestionamientos que todavía no fueron resueltos tras el violeto levantamiento ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos de América, el 6 de enero de 2021, que fue promovido por teorías conspirativas y dudas acerca de la integridad de las elecciones presidenciales del 2020. Como consecuencia, este es un buen momento para considerar hasta qué punto el imperio de la ley en los Estados Unidos de América acusó un impacto y cómo se da forma a la nación dados estos desafíos. Además, es un buen momento para considerar cómo podemos avanzar con el imperio de la ley en este contexto.
El Proyecto de Justicia Mundial describe al imperio de la ley como un “sistema resistente de leyes, instituciones, normas y compromiso con la comunidad que transmite responsabilidad [hacia el gobierno y hacia las personas], solo leyes… un gobierno abierto… y una justicia accesible”. [2] En 1776, en su panfleto llamado Sentido común, Thomas Paine proclamó con firmeza que, en los Estados Unidos de América, “la ley reina”. Por un lado, con esta declaración, Paine contrastaba un sistema en el que gobierna un individuo a su arbitrio con su visión de los Estados Unidos de América, en el que existe un sistema de gobierno constitucional, con un sistema de controles y equilibrios, y en el cual todas las personas están sujetas a la protección jurídica y el amparo de la ley.
El imperio de la ley impregna todos los aspectos de vida estadounidense. Hay, por ejemplo, leyes de tránsito que nos dicen quién tienen derecho de paso, y existen leyes y regulaciones ambientales que nos indican cómo comportarnos en cuanto a la tierra, el aire y el agua. Asimismo, en medio de la pandemia por el COVID-19, muchos nos vimos afectados por restricciones en cuanto a la salud pública, en cuanto a dónde y en términos de cómo relacionarnos con los demás. El hecho de que los estadounidenses adhieran al imperio de la ley no implica que nuestro sistema jurídico no presente errores, dado que no existe ningún sistema bajo la influencia y el control de seres humanos que no contenga errores. Un ejemplo asombroso es que la Constitución de los Estados Unidos permitió en ciertas zonas del país la esclavitud hasta la ratificación de la Décima Tercera Enmienda, en diciembre de 1865. De misma manera, la Constitución negó a las mujeres el derecho a voto en elecciones federales hasta agosto de 1920, con la ratificación de la Décima Novena Enmienda.
Aun cuando las palabras de la Constitución no representaran en sí mismas un problema, hubo varias instancias en las que la Constitución y otras leyes y políticas fueron interpretadas de un modo por el que que, posteriormente, pusieron a la nación en una situación incómoda. En 1856, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en el caso Dred Scott contra Sandford [3], dictaminó que las personas de descendencia africana nunca podrían considerarse ciudadanos estadounidenses. El mayor tribunal de la nación concluyó también que las personas de descendencia africana “no gozaban de derechos que las personas blancas debieran respetar”. Además, en 1896, ya habiendo pasado más de 30 años de la Guerra Civil y 28 años desde que la Décima Cuarta Enmienda rechazara el fallo de Dred Scott y otorgara la ciudadanía a afroamericanos, en el caso Plessy contra Fergusson [4] la Corte Suprema en dictaminó que los estados podían segregar personas negras de personas blancas sin otra razón más que su color de piel. Ese fallo dio origen a la doctrina conocida como “separados pero iguales” que, aunque pareciera neutral, resultaba una farsa moral y práctica. Sin embargo, el concepto separados pero iguales iba a permanecer en la ley estadounidense y sentar las bases de la segregación en las escuelas de diferentes partes del país a lo largo de más de 50 años, hasta que el fallo quedara relegado por el caso Brown contra el Panel de Educación [5], permaneciendo la segregación como práctica en lugares públicos, como restaurantes, hoteles y transporte público, hasta que fuera sancionada la Ley de Derechos Civiles [Civil Rights Act] en 1964.
A pesar de ser una nación que nació y sentó sus bases en el imperio de la ley, en otras instancias nuestro sistema jurídico respaldó prácticas discriminatorias hacia personas por sus orígenes o prácticas en las que nuestro gobierno no se alineó con lo que la nación había establecido como valores fundantes. En febrero de 1942, por ejemplo, un par de meses después del ataque de Japón a Pearl Harbor, el presidente Franklyn Roosevelt emitió una orden ejecutiva que permitía a todas las personas de origen japonés, más allá de su ciudadanía o estado migratorio, ser reubicadas en campos de prisioneros. En el caso Korematsu contra los Estados Unidos de América [6], la Corte Suprema dictaminó que el confinamiento forzado de los japonés-estadounidenses no violaba la Constitución. Sin embargo, unos años después, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, reconoció que el fallo del caso Korematsu contra los Estados Unidos de América estaba “gravemente errado desde el día que se pronunció”.[7] Además, Antonin Scalia, difunto juez de la Corte Suprema, dijo que el fallo en el caso Korematsu que sostenía el confinamiento de japonés-estadounidenses “estaba errado”, pero agregó que “podría volver a producirse en tiempos de guerra”.[8]
El miedo y las épocas de ansiedad a nivel nacional, incluyendo los propios de tiempos de guerra, ponen una presión inmensa en nuestra adhesión a los valores nacionales y al imperio de la ley. Después de los ataques del 11 de septiembre, por ejemplo, el presidente Bush autorizó las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas” para efectuar interrogatorios a detenidos que eran sospechados de ser terroristas. [9] Muchos describen que estas técnicas de interrogatorio mejoradas como un tipo de tortura. Uno puede preguntarse cómo una nación que se enorgullece de su sistema legal y promueve la dignidad individual y la libertad de autoincriminación pudo, en algún punto, permitir que se torture a seres humanos. Y eso fue lo que ocurrió hace menos de 20 años.
Un acontecimiento ocurrido hace unos meses generó cuestionamientos en cuanto a la posición de los Estados Unidos de América con respecto a su compromiso con el imperio de la ley. El movimiento “las vidas negras importan” [Black Lives Matter] desató un análisis inconmensurable, en este país y en todo el mundo, acerca del compromiso del sistema jurídico estadounidense y la voluntad de proteger la vida de las personas negras. [10] ¿Por qué la “tierra de los libres y el hogar de los valientes” encarcela a ciertas personas? [11] ¿Por qué hay muchos más afroamericanos en las cárceles? [12] Por otra parte, las órdenes judiciales y las restricciones impuestas por la pandemia a causa del COVID-19 generaron debate acerca de la legalidad y razonabilidad de estas restricciones. Por ejemplo, Bill Barr, ex procurador general de los Estados Unidos de América, declaró en septiembre de 2020 que “más allá de la esclavitud, que era un tipo diferente de restricción, esta es la violación a las libertades civiles más grande que se ha producido en la historia estadounidense”. [13] Aun si uno está por completo en desacuerdo con la comparación, el procurador general Barr se refería, sin dudas, a que tales restricciones contradecían los ideales y las normas jurídicas aceptables en los Estados Unidos de América. Por último, como consecuencia de lo ocurrido el 6 de enero de 2021, el ataque al Capitolio que tuvo por finalidad interrumpir el recuento de votos en el congreso de la elección presidencial de 2020, Mitch McConnell, líder republicano del Senado, dijo para abordar los problemas relativos al imperio de la ley: “… se le mintió a la multitud…el Presidente y otras personas poderosas provocaron a la multitud e intentaron usar el miedo y la violencia para frenar un procedimiento específico de la primera rama del gobierno federal, que no era de su preferencia”.[14]
¿Puede el imperio de la ley enfrentar los desafíos que se presentan por la violencia multitudinaria y por ciudadanos que ponen en duda los procesos jurídicos fundamentales? ¿Qué sucede cuando presidentes y otras personas con acceso a determinadas plataformas y posiciones importantes usan la propaganda para alimentar esas dudas? Lo que sucedió el año pasado demuestra que el imperio de la ley continúa dando forma a los Estados Unidos de América. Aunque muchos, como yo, aun creemos que el imperio de la ley es una de las fortalezas de los Estados Unidos de América, no debemos darlo por sentado y garantizado. Este es el momento de hacer 0un nuevo examen y de buscar, entre tantos desafíos, el modo de mejorar el imperio de la ley.
Will A. Gunn es el presidente del Día Nacional de la Ley, abogado, y exoficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Además, es Vicepresidente de Asuntos Legales y Abogado General en Legal Services Corporation. Tuvo una carrera profesional variada y destacada, incluyendo el nombramiento, por parte del presidente Obama, como Abogado General del Departamento de Administración de Veteranos de los Estados Unidos de América, en el año 2009.